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Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con ocasión de un foro sobre interrupción legal del embarazo, dijo: “Pensamos firmemente que si queremos cambiar nuestra sociedad tenemos que cambiar nuestros patrones culturales, porque si no, no lo vamos a lograr. Entiendo que es un trabajo que nos va a tomar tiempo, pero hay que empezar ya”. Y pidió que en esto las iglesias “no se metan”, porque los asuntos de gobierno los decide el gobierno por medio de sus autoridades legítimamente elegidas.

María Consuelo Mejía, en nombre de las mal llamadas “Católicas por el Derecho a Decidir”, llamó, según notas de prensa, a todos los sectores de la sociedad y en especial a la jerarquía de la Iglesia católica, “a que respete la decisión de las mujeres, a que se respete nuestra libertad de conciencia, nuestra dignidad y la autoridad moral que tenemos para tomar decisiones. Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no se meten”.

JUZGAR

¿Cómo quieren que no nos metamos en estos asuntos? ¿Acaso nos podemos quedar indiferentes ante la destrucción encarnizada, aunque sea legal, de tantos seres inocentes en el seno materno, cuando el quinto mandamiento de la Ley de Dios ordena no matar? ¿Podemos asumir la postura cómoda de no hablar, cuando se está destruyendo la familia y la dignidad del matrimonio, como Dios los estableció?

Si los obispos calláramos y nos adaptáramos a esas corrientes de pensamiento, que no son exclusivas de estos tiempos, sino de siempre, no daríamos el servicio profético que Dios nos pide, y nos haríamos cómplices de crímenes sociales (cf Ez 33,7-9). Si ellos presumen del asesinato de inocentes, ¿qué conciencia, qué dignidad, que autoridad moral tienen?

Como ha dicho Benedicto XVI en Austria, “El derecho humano fundamental, el presupuesto de todos los demás derechos, es el derecho a la vida misma… El aborto no puede ser un derecho humano; es exactamente lo opuesto. Es una profunda herida social… Al afirmar esto, no expreso solamente una preocupación de la Iglesia. Más bien, quiero actuar como abogado de una petición profundamente humana y portavoz de los niños por nacer, que no tienen voz. No cierro los ojos ante los problemas y los conflictos que experimentan muchas mujeres, y soy consciente de que la credibilidad de mis palabras depende también de lo que la Iglesia misma hace para ayudar a las mujeres que atraviesan dificultades. En este contexto, hago un llamamiento a los líderes políticos para que no permitan que los hijos sean considerados una especie de enfermedad, y para que en vuestro ordenamiento jurídico no sea abolida, en la práctica, la calificación de injusticia atribuida al aborto”.

No tengan miedo de que invadamos campos que no nos tocan. Dice el Papa: “Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, esto es, entre Estado e Iglesia… El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones… La doctrina social católica no pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento…No es tarea de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina; quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia” (Deus caritas est, 28).

ACTUAR

Vivimos en un Estado laico, y no pretendemos imponer nuestras convicciones religiosas a toda la sociedad. Pero tenemos el derecho y la obligación de proclamar la verdad del Evangelio de la vida y del matrimonio, para quien quiera escucharnos. No pueden caer en un totalitarismo, que nos impida hablar. ¿Eso es democracia?

Quienes deseen ser verdaderamente católicos y católicas, formen su conciencia no según sus caprichos, ni según los dictados de quienes les financian, ni por justificar lo que quizá han practicado, sino por la Palabra de Dios, que urge respetar siempre la vida.