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Se desató una andanada de insultos contra la jerarquía católica, por apoyar la iniciativa de reformas a la Constitución, pidiendo que haya más libertad religiosa y se pueda enseñar religión en las escuelas públicas, si los padres de familia lo piden, como es su derecho. Esta petición no es para imponer a todos los mexicanos el catolicismo, sino para que haya opciones diversas, según la decisión de los papás. El mismo derecho tienen los protestantes, los de otras religiones, y los que no profesan ninguna. Queremos libertad educativa, no imposición del Estado.

JUZGAR

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la ONU, ratificada por nuestro país, indica: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos… Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

En nuestro país, este derecho humano no se respeta en las escuelas públicas, pues no hay libertad para que los padres de familia escojan una educación que sea conforme a su fe. El Estado impone un solo tipo de educación, y hay algunos temas, como la educación sexual, que no toma en cuenta los principios católicos sobre la sexualidad. No estamos en contra de que se imparta, sino rechazamos algunos contenidos de los libros oficiales.

En muchos países democráticos se respeta este derecho, sin mayor problema, desde hace muchos años. En Alemania, por ejemplo, el Estado reconoce que los padres de familia son quienes han de escoger qué tipo de educación prefieren. Si deciden que la escuela imparta una materia religiosa, pueden seleccionar entre la católica y la luterana, que son las mayoritarias. Si no quieren religión, se imparte a los alumnos clases de civismo, de valores humanos. El Estado paga a los maestros de religión y los implementos pedagógicos. De esta forma, reciben formación religiosa no sólo los ricos y las clases medias, que pueden pagar colegiaturas en las escuelas privadas, sino todos los ciudadanos que así lo deseen. Es lo mismo que pasa en muchos otros países. ¡Ojalá nuestros críticos conozcan otras legislaciones y comparen!

Los obispos de América Latina expresamos en el Documento de “Aparecida”: “Un principio irrenunciable para la Iglesia es la libertad de enseñanza… Por el hecho de haberles dado la vida, los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para su crecimiento y la grave obligación de educarlos. La sociedad ha de reconocerlos como los primeros y principales educadores.” (No. 339).

“Este intransferible derecho… ha de ser decididamente garantizado por el Estado. Por esta razón, el poder público, … atendiendo a la justicia distributiva, debe distribuir las ayudas públicas –que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos– de tal manera que la totalidad de los padres, al margen de su condición social, pueda escoger, según su conciencia, en medio de una pluralidad de proyectos educativos, las escuelas adecuadas para sus hijos” (No. 340).

ACTUAR

No pretendemos que el Estado imparta religión. No es esa su tarea. Eso corresponde a la familia, en primer lugar, y a la comunidad creyente de las diferentes denominaciones. Pero debe respetar la decisión de los progenitores, que pagan con sus impuestos el trabajo de los maestros, los libros de texto y todo el aparato institucional. El Estado no es dueño de la educación, sino su servidor y administrador.

Sabemos que van a pasar muchos años para que se reconozca este derecho humano a la libertad religiosa en la educación pública, pero hay que luchar por ello. No queremos que el Estado haga nuestro trabajo, sino que respete el derecho de los padres de familia. Sabemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no está abierto a esta demanda, pero llegará el tiempo que sus dirigentes comprenderán las razones y aceptarán.